Guanajuato, Gto. – Las diputadas y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional formularon un punto de acuerdo para, por un lado, exhortar para que se consideren los argumentos que obran en el cuerpo del presente punto de acuerdo, a Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad 148/2017 de Coahuila y 106 y 107 de 2018 de Sinaloa, sean emitidas conforme a derecho, considerando el derecho a la vida como superlativo y de familia en un tema de trascendencia social.
Y por el otro, hacer un llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la relación con el Poder Legislativo de la Unión y sus equivalentes de las entidades federativas se conduzca en un marco de mutuo respeto a la soberanía republicana y atribuciones de ambos Poderes, así como al principio de división de Poderes que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al dar lectura a las consideraciones del documento, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá externó la preocupación de los homólogos de su grupo parlamentario por los proyectos de sentencia de las Acciones de Inconstitucionalidad148/2017 de Coahuila y 106/2018 junto con su acumulada 107/2018 de Sinaloa, a cargo de los ministros Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Apuntó que se sentaba un precedente inaceptable que ponía en grave riesgo la democracia y el Estado de Derecho en el país. En ese sentido, manifestó que ciertamente era competencia del Poder Judicial de la Federación determinar si las normas emitidas por el Poder Legislativo, local o federal se encuentran apegadas a la Constitución Política Federal y a los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, y competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justiciade la Nación ordenar a una legislatura la modificación de leyes que no sean conforme a los derechos humanos reconocidos en dichos instrumentos.
Sin embargo, dijo, en las acciones de inconstitucionalidad anteriormente mencionadas, los ministros sobrepasaron su mandato, toda vez que dan prioridad a las observaciones realizadas por los comités o mecanismos de seguimiento de los Tratados Internacionales, por sobre la letra del tratado.
La legisladora argumentó que esos mecanismos no pueden ni deben interpretar los tratados, sino que se encuentran facultados únicamente para hacer observaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la firma del tratado y, en consecuencia, pueden hacer recomendaciones para el buen cumplimiento de dicho tratado, pero sin crear o ampliar obligaciones para el Estado Parte.
Márquez Alcalá subrayó que se había demostrado, en distintas ocasiones, que esos organismos actúan más allá de su autoridad y mandato, imponiendo obligaciones a los Estados parte que no se encuentran fundadas en el Tratado por el cual fueron creadas.
Al respecto, destacó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano supervisor de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que señala como obligación de los Estados el eliminar los obstáculos que impidan abortar a las mujeres, aunque la Convención protege la vida del concebido aun no nacido y la maternidad (Art. 5 de la CEDAW).
Asimismo, argumentó, que era importante recordar que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano era parte, protegían el derecho a la vida.
“De aprobarse estas resoluciones se pone en juego la libertad configurativa de las entidades federativas para que, sin transgredir el orden constitucional, resuelvan con libertad en las materias que les competen, por lo que, el legislador local tiene la facultad para emitir leyes que incidan en los derechos fundamentales de los gobernados, así como establecer penas para salvaguardar bienes que la sociedad considera valiosos”, subrayó la congresista.
Finalmente, dijo que como legisladores veían con gran preocupación los proyectos de sentencia, cuya aprobación representaría desde su punto de vista, una transgresión al sistema del margen de interpretación de los derechos humanos y al sistema de gobierno republicano; más aún que en la propia Constitución estatal han decidido reconocer el derecho a la vida desde la concepción.
El punto de acuerdo será turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
