Guanajuato, Gto. – En sesión de la Diputación Permanente, las diputadas y los diputados abordaron diversos temas en el apartado de asuntos generales.
Clima de impunidad
Al hacer uso de la voz, la diputada María Magdalena Rosales Cruz habló sobre el trabajo que ha realizado la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y los pocos procesos que han iniciado derivados de las revisiones que lleva a cabo.
Señaló que, desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ASEG, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los órganos internos de control y el Tribunal de Justicia Administrativa, se observa cómo se va construyendo un clima idóneo para que la corrupción quede impune.
Precisó que, durante 2020, la ASEG realizó 170 informes de resultados, de los cuales 110 correspondieron a auditorías de cumplimiento financiero, mediante las cuales se hicieron 887 observaciones, es decir, “situaciones deficientes y preocupantes que vulneran la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos”.
“Con estas observaciones, que abarcan desde el incumplimiento de leyes o reglamentos, hasta la aplicación incorrecta del recurso, e incluso deficiencias en el control interno de las instituciones, se encontró un monto total de 357 millones 324 mil 497 pesos de recursos mal aplicados. El problema de esto radica en lo siguiente: de esos más de 357 millones de pesos, apenas se recuperaron 13 millones 521 mil pesos, esto es, un miserable 3.78%. Al mismo tiempo, únicamente se aclararon 8 millones 833 mil pesos, dejando pendiente de recuperar un saldo de 334 millones 970 mil pesos: más del 93.7% del monto observado”, detalló.
Finalmente, la legisladora refirió que, desde Morena, se continuará trabajando en el combate al clima de impunidad y corrupción para dignificar la vida pública, y para que se utilice todo el presupuesto que cuesta la corrupción en el bienestar de la ciudadanía.
Cuentas claras de las vacunas
El diputado José Huerta Aboytes se refirió a la falta de información sobre la disposición de las vacunas que han arribado al país, de las que se han aplicado hasta el momento, de la existencia de las restantes y de la ubicación de las estas.
En este sentido, el legislador consideró que es necesario que se practique una auditoría minuciosa e integral; y que una vez que haya resultados, se le informe con amplitud a la ciudadanía sobre el origen, estado actual y destino de las vacunas.
Mencionó que, según declaraciones oficiales, se compró un total de 180 millones de vacunas, por lo que cuestionó el hecho de que si son 124 millones de habitantes y sólo serán inmunizados 85.6 millones de personas, porqué los menores de 18 años no serán vacunados, y así usar las 171.5 millones de dosis restantes.
“Si esas cifras no incluyen a los más de 3 millones de mexicanos que se vacunaron en Estados Unidos, ni a las 2 millones y medio de vacunas que le regaló Joe Biden a López Obrador en marzo pasado: ¿Por qué cada que se presenta la oportunidad, seguirle pasando la charola al gobierno americano para que nos sigan regalando vacunas?”, indicó.
El legislador cuestionó sobre la pérdida de vacunas, la cantidad, las compras del canciller, la falla de logística, entre otras cosas. En ese sentido, manifestó que para saber con exactitud qué estaba pasando, lo más saludable, importante y urgente, era que se practicara una auditoría minuciosa e integral; y que una vez que haya resultados, se le informe con amplitud a la ciudadanía sobre el origen, estado actual y destino de las vacunas.
“Si haber utilizado la vacunación como bandera electoral fue una medida de ruindad moral y de miseria política, la disposición indebida de las vacunas con fines patrimoniales sería un crimen de una bajeza sin nombre”, finalizó Huerta Aboytes.
Responsabilidad social
Por su parte, el diputado Enrique Alba Martínez hizo referencia a la decisión del presidente de la República sobre el destino del agua de la presa El Zapotillo.
Señaló que el proyecto de la presa del Zapotillo pone en riesgo a las y los ciudadanos de al menos tres comunidades como lo son: Acasio, Palmarejo y Temacapulín, por lo que consideró que nunca debió iniciarse sin primero escuchar a las y los afectados.
“Hoy es necesario señalar que, las decisiones tomadas por el compañero Andrés Manuel, no son más que actos de responsabilidad hacia el pueblo mexicano. Esto no es un capricho, ni mucho menos un castigo de tipo partidista, como lo afirma sin sustento la derecha conservadora, más bien se trata de una decisión basada tanto en un principio de justicia distributiva de los recursos, como en el respeto a los derechos humanos…La decisión tomada respecto a la presa de El Zapotillo es, sin duda, necesaria para la protección de los derechos de las personas que habitan dichas comunidades, sobre todo ante la falta de planeación especializada, congruente y humana que caracteriza a los gobiernos neoliberales”, acentuó.
El legislador comentó que desde el Grupo Parlamentario de Morena se reconoce la vital importancia de comenzar a invertir en la profesionalización del manejo y distribución del agua, de atender científicamente el problema, y no solo mediante el fundamentalismo de mercado.
En este sentido, consideró que es relevante la implementación de un inventario hidrológico, que permita conocer cada gota de agua de la que se dispone, para así eficientizar su distribución y uso, para lo que se requieren recursos públicos dirigidos a proyectos hidráulicos integrales y no a las campañas mediáticas del Gobernador.
“Exhortamos a los opositores de todas las decisiones del presidente para que, en lugar de continuar con discursos sosos e irresponsables, acudan al llamado del presidente de la República para encontrar entendimientos y buscar alternativas serias y sin afectar los derechos de otras personas. Incluso, ofrecemos una alternativa fácilmente alcanzable si la voluntad política lo permite: el próximo presupuesto de egresos del Estado, reduzcamos los privilegios de la estructura estatal, el grotesco monto destinado a comunicación social, y reorientemos esos recursos hacia la renovación de la infraestructura necesaria y la construcción de un inventario hidrológico que nos permita conocer y aprovechar toda el agua que hay disponible en Guanajuato”, agregó.
En rectificación de hechos, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera coincidió en el cuidado y respeto de los derechos humanos de los guanajuatenses, en específico, de los leoneses. Al respecto, lamentó la decisión del presidente de la República sobre la presa El Zapotillo, ya que dijo, existía una planeación y una inversión hecha, lo que permitiría garantizar el acceso al agua a miles de ciudadanos.
Por su parte, el diputado Enrique Alba comentó que el problema del agua es regional, por lo que el presidente de la República tuvo el valor de tomar una decisión justa para los ciudadanos de ambos estados. Asimismo, cuestionó el trabajo que ha realizado el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), ya que se ha dedicado a proteger los intereses de empresarios constructores del municipio de León.
Decisiones
En su intervención, el diputado Pastor García López habló sobre la nueva dinámica social generada por la pandemia de la COVID-19 y dijo que desde hace más de un año el mundo enfrenta una profunda crisis.
En ese sentido, manifestó que el país se encuentra en la tercera ola de COVID-19 y tiene un exceso de mortalidad de 501,917 personas, es decir un 44.2% más que las esperadas, a causa del virus SARS-CoV-2.
“La implementación de políticas públicas y la toma de decisiones en situaciones de desastre es una tarea de mayor complejidad y responsabilidad frente a necesidades urgentes y contextos adversos, que requieren respuestas oportunas y adecuada y que difícilmente pueden ser resultado de la improvisación, como actualmente se ha hecho”, enfatizó el legislador.
Asimismo, precisó que el tiempo había demostrado que el presidente y su equipo no estaban a la altura de las circunstancias, y se estaba enfrentando una de las mayores tragedias, donde a al actual sistema de salud le faltaba orden, planeación y coordinación para enfrentar con eficiencia la epidemia de la COVID-19.
García López mencionó que la llegada de COVID 19 se registró en México durante el tránsito del modelo de intención del Seguro Popular al modelo INSABI, lo que provocó un enorme desajuste de los criterios de inclusión y de registro, por lo que en 2020 el número y porcentaje de población nacional sin acceso a servicios de salud se incrementó significativamente, siendo los más afectados la población rural.
El congresista también habló de las compras realizadas por adjudicación directa y subrayó que las leyes de adquisiciones y obra pública en México establecían que las compras públicas se asignarán por regla general a través de licitaciones públicas y solo en casos excepcionales, debidamente justificados, por adjudicación directa o invitación restringida.
Agregó que el presidente de México había prometido que no habría desabasto de medicamentos, ni para los niños con cáncer, ni para nadie más, sin embargo, con el cambio de administración y la nueva forma de adquirir los fármacos aún no se ha logrado asegurar un acceso constante y eficaz a los medicamentos.
El diputado indicó que a partir de lo aprendido durante el desarrollo de la pandemia por COVID-19, resaltaba la necesidad de definir una estrategia de atención a desastres y que, según los expertos, todavía hay soluciones y se está a tiempo de contrarrestar el pésimo manejo de la pandemia por parte del Gobierno Federal.
“Desde el Grupo Parlamentario del PAN, exigimos que, a través de las instancias competentes, el gobierno federal realice todas las acciones necesarias para atender la contingencia suscitada por la COVID-19, y deje de engañar al pueblo de México”, finalizó.
Lo imposible, posible
La diputada Reyna Guadalupe Morales Reséndez indicó que los retos con relación al agua en Guanajuato eran grandes y complejos, pero no imposibles, y resaltó que el agua era un derecho humano, indispensable para una vida digna, y salvaguardarlo en todas sus dimensiones era un desafío y la labor para hacer respetar este derecho una tarea de alta prioridad.
En ese sentido, manifestó que la presa el Zapotillo ha sido promovida desde 2005 como un proyecto hídrico que dotaría de agua a Jalisco y a Guanajuato, este último considerado como uno de los de mayor estrés hídrico en Latinoamérica, y que la necesidad de agua en la región de Jalisco y, específicamente, en la ciudad de León Guanajuato ha llevado a los actores políticos locales y federales a trabajar desde principios de la década de los años noventa en la búsqueda de acuerdos que anticipen una catástrofe humanitaria.
Morales Reséndez indicó que esos trabajos se reflejaron en decretos presidenciales y posteriormente, en el Acuerdo de Coordinación que celebraron el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de ambos Estados para llevar a cabo un programa especial para la construcción de la Presa y el Acueducto Zapotillo-León para abastecer con el vital líquido a la ciudad más grande del estado.
La legisladora manifestó que se estaba hablando de más de 30 años de trabajos y esfuerzos en los que siempre prevaleció el diálogo, sin embargo, el presidente López Obrador había referido que, a pesar de que el proyecto contempla una altura de cortina es de 105 metros, ésta se quedará en 80 metros y como consecuencia remataba de forma lapidaria “no alcanzaría agua para León”.
“Al señalar que León está descartado, el actual Gobierno Federal ha generado incertidumbre porque no hay elementos o explicaciones técnicas para sustentar tal determinación de excluir a un sector de la población del vital líquido, tampoco se ha abierto la posibilidad de un diálogo para explorar nuevas alternativas para nuestra entidad”, enfatizó.
Morales Reséndez argumentó que el derecho humano al agua era indispensable para vivir dignamente y que ésta debía tratarse fundamentalmente como un bien social y no sólo como un bien económico, por lo que era importante construir y generar un diálogo entre las instancias federales, estatales y municipales, para buscar alternativas y crear acciones que coadyuven en el abastecimiento de agua en los próximos años.
“El proyecto de El Zapotillo no debe ser un tema de revancha política contra Guanajuato, pensar diferente a usted no es motivo para que de forma lapidaria tome la decisión de que León no gozará de un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna”, subrayó.
La congresista apuntó que era dura la noticia para las y los guanajuatenses, pero tal como se hizo con el desabasto de gasolina, con la reducción de participaciones para proyectos de inversión, con el sistema de salud y otros temas, saldrían adelante. “El agua es fundamental para la sustentabilidad, nadie debe ser excluido para tener acceso a ella”, argumentó.
Finalmente mencionó que respaldaban la propuesta de su homóloga federal para que se establezca una mesa de diálogo en la que, las autoridades del gobierno federal, gobierno del estado de Guanajuato y del gobierno municipal de León, a efecto de que se expongan las razones técnicas que llevaron al gobierno federal a excluir al municipio de León de los beneficios de este proyecto hídrico.
En rectificación de hechos, la diputada María Magdalena Rosales Cruz indicó que en efecto el agua era un derecho humano y que León no era todo Guanajuato, y que únicamente se hablaba de ese derecho al agua de León y que no les importaba ese mismo derecho de otros lugares en la entidad.
Asimismo, cuestionó cómo se ha manejado el recurso para atender el problema no solo en León sino en el resto de los municipios, y señaló que antes no se había tomado en cuenta a quienes habitaban dónde se iban a realizar las presas, sino que simplemente se les inundaba. Agregó que León secaba humedales para construir casas y plazas y había quejas de ello.
Por su parte, la legislara Reyna Guadalupe Morales Reséndez precisó que indicar que a las empresas fueron encaminados todos los esfuerzos no era lo correcto, y que el presidente no se había acercado ni aceptado una comunicación y que si se tomaban en cuenta los derechos humanos también se tenían que tomar en cuenta los de los guanajuatenses. En respuesta, su homóloga María Magdalena Rosales Cruz mencionó que el presidente de México sí había venido a Guanajuato pero que no se cumple lo acordado.
El diputado Enrique Alba Martínez argumentó que el derecho de agua era para todos, incluidos los industriales, y que siendo oriundo de León conocía el tema de la curtiduría y lo que se consume de agua, por lo que consideró oportuno reiterar que tengan presente que los derechos humanos que hoy querían defender en la derecha, desde la izquierda siempre lo han hecho, y que no era cierto que se estuviera excluyendo a León y mencionó posibles problemáticas de corrupción en SAPAL.
Finalmente, el congresista J. Jesús Oviedo Herrera apuntó que si alguien cambiaba una política tenía que dar un resultado y una solución, la cual en este caso puntual no se veía.
