Guanajuato, Gto. – En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2021, la cual no contempla nuevos impuestos.
Dicha Ley de Ingresos estatal asciende a 89 mil 298 millones 505 mil 278 pesos, contiene nuevos derechos y mantiene los que se contemplaron para el ejercicio fiscal de 2020, además se reestructuran algunos conceptos en su mecánica de cobro a efecto de homologarlos, lo cual otorga mayor certeza a los contribuyentes.
Las cuotas y tarifas del ejercicio fiscal de 2021, con relación al 2020, se incrementan en promedio y de manera generalizada en un 3.5 por ciento.
También, se contempla que los ingresos federales sumen 76 mil 786 millones 271 mil 080 pesos.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz habló en contra del dictamen. Indicó que se encontraban ante una iniciativa de Ley de Ingresos que contemplaba una deuda de 5 mil millones de pesos y que la propuesta no decía que el Poder Ejecutivo no recaudaba lo que debería.
“El gobierno de la entidad no se preocupa ni se ocupa de obtener recursos propios a partir de los resultados de la vida económica del estado. No se puede sustituir la responsabilidad fiscal con préstamos que serían innecesarios si la autoridad cumpliera con los requerimientos monetarios del gasto público”, afirmó María Magdalena Rosales Cruz.
Después de mencionar la deuda que ha adquirido la entidad, mencionó que los créditos vigentes se terminarán de pagar por la ciudadanía entre los años 2022 y 2035, y que la garantía de pago eran las participaciones envidas por la federación.
La legisladora agregó que la iniciativa ocultaba que, en vez de captar las contribuciones para ponerlas al servicio de los más vulnerables, usaba lo poco que recaudaba para pagarse sueldos y privilegios.
“Asumiendo con toda la responsabilidad el mandato popular y constitucional que tenemos, votamos en contra de la iniciativa de Ley de Ingresos que contempla la adquisición de deuda pública, en un contexto en el que las élites políticas no entienden que los servidores públicos de elección popular se deben a la ciudadanía, no a sus intereses personales”, finalizó.
En rectificación de hechos, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos manifestó que las palabras señaladas eran un juego perverso e incongruente, que cuando se estaba haciendo el trabajo lo criticaban y que dependiendo del tema engañaban a las personas.
Además, precisó que lo que querían era que hubiera gobiernos municipales y estatales pobres para después hacer uso electoral de lo mismo.
El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría.
Reservas:
La diputada Vanessa Sánchez Cordero se reservó los artículos 7, así como séptimo transitorio, referentes a la temporalidad de canje de placas metálicas. Mencionó que derivado de la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV2 se ha visto cómo se multiplican exponencialmente los contagios y que, a pesar de los ajustes realizados al programa, muchas personas de grupos de riesgo han preferido no acudir a hacer el trámite para evitar exponerse al contagio.
“La reserva que presentó se justifica exactamente en la necesidad de seguir contribuyendo como legisladores en la economía de los ciudadanos, por lo que la presente reserva, propone extender por unos meses más el canje de placas gratuito”, dijo.
La reserva tiene como la finalidad, apuntó, ampliar la gratuidad en el canje de placas metálicas hasta el mes de marzo siguiente año, permitiendo así unos meses más de gracia para quienes quieren cumplir con el programa, sin afectar su economía.
Su propuesta no fue aprobada.
