Guanajuato, Gto. – Las diputadas y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a fin de modificar la fecha en que deben emitirse los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de los sujetos obligados.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la congresista Celeste Gómez Fragoso manifestó que el adecuado control de los recursos públicos en la entidad y en sus municipios era una obligación y un principio fundamental que todo buen gobierno debía no solo de acatar, sino de tener como parte fundamental en su programa de gobierno a ejecutar una vez que la mayoría ciudadana lo designe para servirle.
Indicó que, ante el actual escenario de escasez, era indispensable que el gasto público fuera sostenible y eficiente, que se disminuya o eliminen erogaciones innecesarias y que se generen acciones inmediatas tendientes a la aplicación de los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para optimizar la aplicación de los recursos públicos en la búsqueda de la satisfacción de las demandas sociales y el fomento del bienestar y del crecimiento económico.
“Consideramos que la correcta, adecuada y oportuna emisión de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal por parte de los sujetos obligados de la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, tiene implícita la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la aplicación de los recursos públicos”, enfatizó la congresista.
Con la propuesta se busca que los sujetos de la Ley, por conducto de la Secretaría, la Tesorería o el Órgano de Administración según corresponda, deberán emitir los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, a más tardar el treinta y uno de diciembre de cada año.
La iniciativa fue turnada a la Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
