Guanajuato, Gto.- El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, a efecto de exhortar al Gobernador del Estado a fin de que, en el ámbito de sus facultades, dé instrucciones a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato a observar el interés superior de la niñez; al Poder Judicial del Estado para que cumpla con el artículo 102 fracción VI de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; y al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, para la pronta procuración de justicia.
Todo lo anterior respecto a los menores de edad que se encontraban en el Instituto Transformacional PRINUVI en Irapuato, y que ilegalmente se les regresó a sus hogares, con sus padres, yendo contra la suspensión condicional del proceso.
En la exposición de motivos, el legislador explicó que ante el séptimo ataque a centros de rehabilitación en el municipio de Irapuato, los medios de comunicación se centraron en la desaparición de los 4 hombres que fueron extraídos del Centro de Rehabilitación PRINUVI, de los cuales, dos ya fueron localizados.
Sin embargo, comentó que hubo un caso igualmente preocupante, ya que adolescentes que fueron ingresados al Centro de Rehabilitación PRINUVI, derivado del inicio de carpetas de investigación y otros jóvenes vinculados a causas penales, la autoridad los regresó con sus padres.
“En un primer momento, el Ministerio Público investigador determinó, al iniciar investigaciones, que los adolescentes debían estar bajo cuidado y vigilancia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, ingresándoseles en el PRINUVI, y, en otros casos, un juez especializado en justicia penal para adolescentes decretó en sus causas penales la suspensión condicional del proceso de los menores, con la condición de que éstos participasen en programas especiales a fin de combatir sus adicciones, lo anterior dentro de las instalaciones específicas del PRINUVI, con el objetivo principal de proporcionarles las herramientas necesarias para su reinserción social y con ello, procurar el resarcimiento del tejido social”, dijo.
El legislador refirió que los menores de edad que se encontraban en el Centro de Rehabilitación PRINUVI estaban bajo la representación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, pero por órdenes de la Fiscalía General del Estado, y bajo la obsecuencia del Poder Judicial del Estado, al ver la situación de los centros de rehabilitación en Irapuato, “quisieron deslindarse de toda responsabilidad ante futuras agresiones a los adolescentes, pues el costo político sería alto en demasía al tratarse de menores de edad por lo que acordaron que fueran retornados a sus casas con sus familias”.
“Es una pena que se quiera mover el foco de atención y este tema haya pasado desapercibido, con ello nos demuestran muchas cuestiones: que hacen pactos por debajo de la mesa entre todos los poderes y niveles de gobierno; nos demuestran que los adolescentes no les interesan si existe una situación que manche sus instituciones ya de por si mermadas; nos demuestran que no les interesa el rescate de adolescentes que al estar en sus casas pueden volver a consumir drogas y con ello ser blanco fácil para que las bandas delictivas los capten”, expuso.
La obvia resolución solicitada no fue aprobada, por lo que se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.