Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso local tomó protesta a Mariela Guadalupe Vázquez Moreno, Luz Graciela Rodríguez Martínez, Alicia Domínguez Bravo, Norma Alicia Quintero Tejada, Gerardo Flores Rivera, Ignacio Arcelus de Diego, Francisco Miguel Mora Sifuentes, José de Jesús Frausto Fuentes y Armando Sojo Arroyo como integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por el término de tres años, que se contarán a partir de hoy.
Reformas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato
En la sesión también se aprobaron reformas a la Constitución Política local. La primera, para reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades afromexicanas cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural del estado; y la segunda, para derogar lo relativo a la extinción de dominio de la Constitución Política y abrogar la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Guanajuato y derogar todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, que se opongan a lo dispuesto en la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo habló a favor de la propuesta y señaló que con ella se le daba certeza jurídica a las comunidades afromexicanas. Asimismo, agradeció la celeridad y eficacia con que se trató la iniciativa, y agregó que con ésta se protegerá a dichas comunidades, porque su invisibilidad facilitaba la violación de sus derechos y fomentaba la discriminación.
Otras aprobaciones
La Asamblea avaló los informes de resultados de las auditorías al desempeño practicadas a Irapuato, con enfoque de consistencia y resultados al Programa E1201 Propiciar el Desarrollo Social y Humano de los Habitantes del Municipio a través de la Coordinación entre Ciudadanía y Gobierno; a León, con enfoque de consistencia y resultados al Programa E100200 Construcción de Entornos Seguros; a Pénjamo, con enfoque de consistencia y resultados al Programa E0015 Desarrollo Social; Purísima del Rincón, con enfoque de consistencia y resultados al Programa E0030 Limpieza e Imagen del Municipio; Salvatierra, con enfoque de consistencia y resultados al Programa E0033 Combatir el Desempleo en el Municipio; San Diego de la Unión; a San Miguel de Allende, con enfoque de consistencia y resultados al Programa E0047 Rehabilitación Integral del Alumbrado Público; y a Santa Catarina, todas correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Archivos
En la sesión se aprobó el archivo definitivo de diversas iniciativas. La primera, pretendía reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en materia de prevaricato.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo hizo uso de la voz para hablar en contra del archivo. Señaló que era un hecho que la impunidad en la entidad era grande porque rebasaba la media nacional y se ubicaba en la posición número 17, y que era una pena que no se discutiera algo que tanto lastimaba a la entidad.
En rectificación de hechos, la congresista Libia Dennise García Muñoz Ledo se refirió que era importante hacer saber por qué se llegaba al archivo, que no se trataba de un tema de técnica legislativa ni de falta de voluntad para atender el tema sino que la coincidencia fue clara, ya que al publicarse una Ley General de Responsabilidades Administrativas se eliminó toda posibilidad para los estados de regular en la materia, por lo que no estaban en contra de la propuesta sino que el Congreso no tenía la atribución para hacerlo.
La segunda iniciativa, presentada en la LXIII Legislatura, era relativa a los requisitos que debía tener toda solicitud de deuda pública; y otras tres, pretendían modificar la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato para establecer, dos, el límite del 1% para realizar traspasos que no requieran autorización del Congreso y una el 3%.
En contra del dictamen habló la diputada Celeste Gómez Fragoso, quien se refirió a la iniciativa presentada por su grupo parlamentario y señaló que presupuesto, era un diseño democrático que debía reflejar un sano equilibrio constitucional del binomio: control contra el presupuesto como instrumento ejecutivo del estado.
Manifestó el hecho que se permitan traspasos de 6.5% de los presupuestos anuales de quien los otorga y recibe, y que sólo cuando se rebase se requiera autorización el Congreso local era causa de indisciplina administrativa y presupuestaria y abría la posibilidad a malas prácticas.
Asimismo, indicó, que dicho porcentaje se convertía en la posibilidad para el Ejecutivo del Estado de contar con una gran caja que abría la posibilidad de hacer traspasos de “cielo abierto” para el manejo discrecional de los recursos públicos, y que bajarlo evitaría que las dependencias modificaran sus presupuestos anuales a su antojo sin la aprobación del Congreso.
Finalmente, subrayó que la iniciativa tenía la finalidad de propiciar procedimientos transparentes, ciertos, bien informados, aplicables y obligatorios a todos los poderes y a cada uno de los organismos públicos autónomos.
“Una reforma que generaba la posibilidad técnica real y no ficticia que permitiera el equilibrio entre la función financiera y el real control presupuestario y fiscal a cargo del legislativo. sin posibilidades jurídicas de burlar el fin y objetivo del presupuesto”, finalizó Gómez Fragoso.
Por su parte, la legisladora María Magdalena Rosales Cruz manifestó que iniciativa buscaba reducir ese 6.5% a 1%, reconociendo que el porcentaje actual era excesivo y representaba un espacio de discrecionalidad que no debería ser consentido por el Poder Legislativo.
“Nuestra propuesta buscaba que, en caso de presentarse alguna situación no prevista durante la planeación del presupuesto de egresos que hiciera necesario trasladar un equivalente superior al 1% del presupuesto anual de una dependencia a otra, esto fuera posible una vez que el Congreso lo analizar y aprobara”, indicó.
Rosales Cruz argumentó que el dictamen que se presentaba declaraba que la iniciativa era improcedente porque, dijo, supuestamente ese 6.5% era transparente y necesario para flexibilizar las labores del Ejecutivo.
“Nos posicionamos en contra del dictamen, por considerar que favorece la discrecionalidad y deja que la única responsable del buen ejercicio del presupuesto público sea la buena voluntad del Ejecutivo”, concluyó.
En rectificación de hechos, el diputado Víctor Zanella Huerta comentó que se realizó un análisis profundo de la iniciativa y se escucharon a los diversos expertos en la materia. Asimismo, mencionó que en las mesas de trabajo que se realizaron para analizar la iniciativa se reconocieron los avances en materia de presupuestación que se tienen a nivel estatal y se coincidió en que en Guanajuato se cuenta con un mecanismo más transparente sobre el traspaso de recursos.
Turnos
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales se turnaron, para su estudio y dictamen, las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jerécuaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, para el ejercicio fiscal del año 2021.