Guanajuato, Gto. – Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil en materia de interdicción, con la finalidad de tomar en cuenta las características y condiciones individuales de la persona.
La diputada Katya Cristina Soto Escamilla dio lectura a la exposición de motivos del documento y señaló que el derecho de las personas con discapacidad a vivir en forma independiente y a ser incluidas en la comunidad implicaba tener libertad de elección, así como capacidad de control sobre las decisiones que afectaban su propia vida.
Además, dijo, implicaba que contaran con todos los medios necesarios para que puedan tomar opciones, ejercer el control sobre sus vidas y adoptar todas las decisiones que les afecten.
En ese sentido, manifestó, que una de las barreras para ejercer ese derecho era la negación total de la capacidad jurídica, ya sea mediante leyes y prácticas oficiales o de facto por la sustitución en la adopción de decisiones relativas a los sistemas de vida.
Soto Escamilla indicó que la capacidad jurídica era un atributo universal, inherente a todas las personas debido a su condición humana y no había ninguna circunstancia que permitiera privar a una persona del derecho al reconocimiento como tal ante la ley o que permita limitar ese derecho.
“No debe negarse de manera total a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que debe proporcionarles acceso al sistema de apoyos que necesiten para ejercerla y para tomar decisiones, asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de su condición particular y de sus requerimientos personales, con el fin de que puedan ejercer plenamente y por sí mismas su autonomía y todos sus derechos”, afirmó la congresista.
La legisladora enfatizó en que el mayor interés no consistía en que otro decida, sino en procurar que la persona con discapacidad disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones por sí misma sobre su vida y, por ello, debían instaurarse mecanismos de asistencia para que pueda tomar sus propias decisiones.
Subrayó que reconocían el derecho de las personas con discapacidad a vivir en forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, por lo que consideraban viable reformar lo referente a la capacidad jurídica en caso de personas con discapacidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
