Guanajuato, Gto.- En sesión ordinaria, la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que se sancionen las conductas que configuren violencia política en razón de género.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que la propuesta legal busca que se disminuya la dieta de los diputados cuando se realice cualquier manifestación que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, en el desarrollo de las sesiones de Pleno, Diputación Permanente, reunión de comisión, mesas de trabajo y en cualquier actividad en el ejercicio del cargo. Precisó que dicha disminución será de 15 días.
“La violencia política contra las mujeres en razón de género se presenta en diversos ámbitos de la vida pública, uno de ellos es el legislativo; en varios de los congresos locales, así como en el nacional, se han utilizado expresiones y mensajes discriminatorios que aluden a estereotipos de género, los cuales mediante un lenguaje sexista atentan directamente en contra de las mujeres y cuestionan su autonomía, dignidad o su capacidad para ejercer los cargos públicos, y vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política”, señaló.
La diputada comentó que en reiteradas ocasiones se ha limitado la participación de las mujeres tanto al interior de los grupos parlamentarios como en su actividad institucional.
Asimismo, refirió que las mujeres han luchado para lograr que se les asegure el acceso a los espacios de representación popular de manera paritaria, por lo que dijo, resulta necesario crear los mecanismos para que se logre que el ejercicio de su cargo sea libre de violencia.
“Aunque la violencia política contra las mujeres implica la violación de derechos político-electorales, hay un enfoque preponderante en el ámbito del proceso electoral, que es donde se tiene más identificada y sancionada, dejando rezagada la violencia que se presenta una vez que las mujeres ejercen los cargos, pues en la vida pública también existen manifestaciones que tienen por objeto menoscabar o anular sus derechos políticos, propios del cargo que desempeñan”, acentuó.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
