28 marzo, 2024

Buscan garantizar que el Fondo Estatal cuente con los recursos necesarios para apoyar a las víctimas

4 diciembre, 2020

Guanajuato, Gto.- El Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, a fin de garantizar, en concordancia con la Ley General en la materia, que el Fondo estatal prevea los recursos que le hagan posible cumplir con sus objetivos para el pago de ayudas, asistencia y reparación integral en los términos de la Ley mencionada.

En la exposición de motivos, el diputado Juan Antonio Acosta Cano explicó que con la iniciativa se pretende fortalecer y armonizar la legislación que en materia de atención a víctimas se tiene en la entidad, y generar así un ordenamiento acorde a principios garantistas de derechos humanos.

“Tenemos claro que el estado de Guanajuato siempre ha destacado por ser un estado con legislación de vanguardia, y esta no es la excepción. Estamos ciertos que, con este nuevo ejercicio legislativo, se avanza significativamente en el proceso de reconocer, identificar, dignificar y apoyar a quienes fueron víctimas de algún delito y violentados en sus derechos humanos”, subrayó.

El legislador señaló que dentro de los derechos de la víctima o del ofendido se encuentran recibir, desde la comisión del delito, atención médica aquella de carácter especializada y psicológica de urgencia en unidades especializadas con las que cuenta el Estado o los municipios, lo anterior con el objetivo primordial de que se les garantice la reparación del daño patrimonial y en su caso las consecuencias que de otra naturaleza que pueda haber sufrido por la conducta que le haya ocasionado la agresión a su persona tanto física como psicológica.

“Toda autoridad conocedora de un hecho derivado de la comisión de un delito o bien de violaciones a los derechos humanos, tiene el imperativo de garantizar a las víctimas, ofendidos y testigos de estos sus derechos humanos y a otórgales un tratamiento teniendo como mínimo los estándares internaciones de protección”, agregó.

La propuesta legal se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

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