Guanajuato, Gto. – El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar al Fiscal General del Estado, a fin de que, de forma inmediata, renuncie a su encargo como Fiscal General, lo anterior con base en los nulos resultados en materia de procuración de justicia en el estado y por parcialidad e ineficiencia con que ha desempeñado su cargo en especial la investigación del homicidio de Juan Carlos Padilla Aranda a manos de policías ministeriales de su dependencia.
Asimismo, pide al Fiscal General de la República ejerza su facultad de atracción y realice todas las investigaciones y diligencias posibles para la integración de la carpeta de investigación formada con motivo de la privación de la vida del citado ciudadano.
Al dar lectura a las consideraciones del documento, el congresista manifestó que la Fiscalía General del Estado contaba con un cuerpo normativo que regulaba tanto su organización como funcionamiento, todo ello a fin de garantizar una debida procuración de justicia en el estado, pero que, sin embargo sus actuaciones e interacciones con la ciudadanía siempre debían respetar, promover y proteger los derechos humanos de las personas, lo que, dijo, había sido ignorado y violentado por algunos elementos y por su titular.
El congresista se refirió al lamentable homicidio de una persona en la ciudad de Celaya, lo cual, subrayó no era nuevo, ya que, en la página oficial de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, se contabilizaban porcientos las denuncias en contra de elementos de la Fiscalía General del Estado.
“Las denuncias abarcan hechos como tortura, lesiones, homicidio, arresto arbitrario, extorsión, violación al derecho de petición, ejercicio indebido de la función pública e irregularidades en las investigaciones”, afirmó.
Prieto Gallardo manifestó que a la fecha se han podido acreditar más de 470 violaciones a los derechos humanos por personal de la Fiscalía, lo que ha resultado en más de 720 recomendaciones, las cuales, tristemente quedaban en llamadas de atención y sanciones poco ejemplares que no han podido erradicar esas conductas.
El legislador también se refirió al cado del ciudadano Juan Carlos Padilla Aranda, quien perdió la vida y solicitó fuera atraído por la Fiscalía General de la República, al considerar que tenía muchas irregularidades.
Para hablar en contra de la propuesta hizo uso de la voz el diputado Miguel Ángel Salim Alle quien indicó que no compartían la idea planteada en el punto de acuerdo de que el Fiscal General del Estado renunciara al cargo por un exhorto, ya que, tanto en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se detallaba el procedimiento para la remoción del titular de dicho organismo autónomo.
Agregó que la Ley Orgánica mencionada señalaba claramente cómo debían regir su actuación los servidores adscritos a la Fiscalía General.
“Quiero recalcar el principio de respeto a los derechos humanos, esto dentro del contexto de los acontecimientos acaecidos en el municipio de Celaya, ya por todos conocidos, en los que murió una persona cuando se cumplimentaba una orden de aprehensión. Y es precisamente en este punto en el debemos ser firmes en la convicción de exigir que se investiguen los hechos en a los que nos referimos, exigimos que se llegue a la verdad de los hechos de este asunto y, en su caso, se castigue conforme a la ley a quien resulte responsable”, enfatizó Salim Alle.
Después de hacer énfasis en la exigencia de que se investiguen los hechos en los que murió Juan Carlos Padilla Aranda y, en su caso, se castigue a quien resulte responsable, el congresista mencionó que la facultad de atracción no podía accionarse por exhorto, ya que, de acuerdo con la propia Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, era una facultad que correspondía al titular de la Fiscalía General de República.
En rectificación de hechos, el congresista Prieto Gallardo manifestó que independientemente de la facultad de atracción que tenga la Fiscalía General de la República no estaba de más pedirle como Poder Legislativo la renuncia y poner en la palestra pública los temas que importaban a la población.
Por su parte, la legisladora María Magdalena Rosales Cruz apuntó que el Congreso local tenía la obligación de cuidar que la ley se cumpliera en todo el territorio. Señaló que la persona fue golpeada y que el motín del que hablaban eran dos mujeres y una menor que pedían lo dejaran de atacar.
Enfatizó que la población tenía miedo y que el pueblo de Guanajuato estaba harto, porque no era posible que siguieran votando para proteger este tipo de actos.
El promovente solicitó el trámite de obvia resolución, el cual fue aprobado por unanimidad de votos. Al votarse la propuesta no se aprobó y se acordó el archivo definitivo de la misma.
