Guanajuato, Gto. – Con el objeto de eliminar de los delitos contra la seguridad pública los de brindar información para que se cometa uno, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reforma al Código Penal.
El congresista mencionó que de mantenerse como está el Código se encontraban con frente al grave problema de que el derecho al acceso de información se resquebrajaba, sobre todo, en la función y oficio de los medios de comunicación, así como de los periodistas.
Afirmó que era notorio que los periodistas mexicanos realizando su labor de informar y ser el puente entre Gobierno y ciudadanía, diariamente sufrían de amenazas, ataques u otras formas de agresiones, por lo que ponía en perspectiva los daños que las y los periodistas tendrán con el Código Penal actual, pues en el ejercicio de su labor podían ser juzgados como halcones.
En ese sentido, citó el artículo 222-b de menciona Código y apuntó que en él cabían muchas hipótesis. “Una de éstas, consiste en que, si una periodista obtiene o proporciona información sobre las malas prácticas de las instituciones de seguridad pública, se encuentra en una delgada línea respecto a la definición de halconeo”, manifestó Prieto Gallardo.
El legislador agregó que el periodismo tenía plazos cortos de acción, donde la información debe recogerse con premura para realizar una noticia, impidiendo preocuparse por cometer un delito por el simple acto de informar.
Asimismo, mencionó que con los artículos 222-a y 222-b se violentaban el derecho a la seguridad jurídica, el derecho de acceso a la información, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal y la obligación de respetar y proteger los derechos humanos.
También recordó lo manifestado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a que el legislador local había pretendido sancionar la actividad, conocida coloquialmente como “halconeo”, la cual resulta ambigua e imprecisa.
Finalmente, enfatizó que toda ley era perfectible y que, mientras la ciudadanía se encontrara en una situación de incertidumbre, debían realizar los cambios necesarios para dar la certeza jurídica y legalidad que corresponde a cualquier ser humano en el marco normativo que los convocaba.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
