19 marzo, 2024

Pleno del Congreso; ordena a #ASEG auditar al Poder Ejecutivo estatal sobre funcionamiento y presupuestación del Hospital General Regional de #León

24 octubre, 2020

Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso ordenó a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) a que inicie a la brevedad, una auditoría específica concomitante al Poder Ejecutivo del Estado, respecto de los procesos de planeación, programación, presupuestación, procesos de contratación y administración realizados para la rehabilitación, funcionamiento y operación de las instalaciones del Hospital General Regional de León, ubicado en la calle 20 de enero, para atender la pandemia provocada por el virus COVID-19, por el período comprendido del 1 de marzo de 2020 al tercer trimestre de 2020.

 

Al hablar a favor, el diputado Ernesto Prieto Gallardo comentó que la rendición de cuentas era una obligación de las autoridades hacia la ciudadanía y que ésta no era solo informar sino que incluía la posibilidad de promover sanciones para los políticos, funcionarios y/o representantes que violen ciertas normas de conducta en sus funciones públicas, obligando a que el poder se ejerza de manera transparente y forzando a los servidores públicos a que justifiquen, expliquen, informen y evalúen todos sus actos.

Apuntó que su propuesta tenía como objetivo la revisión minuciosa y específica sobre el proceso integral de planeación, diseño, proyección, programación, presupuestación y ejecución del dinero público; y que los recursos económicos erogados por parte de Gobierno del Estado, aun en una crisis sanitaria, debían ser administrados siguiendo los principios de austeridad.

En la misma sesión ordinaria, se tunó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, el informe de resultados formulado por la ASEG, relativo a la revisión practicada a la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

Por otra parte, la Asamblea aprobó el archivo de dos iniciativas. La primera pretendía reformar la Constitución Política loca en materia de consulta a los pueblos indígenas. Mientras que la segunda buscaba modificar la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato y la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, para incentivar y promover el uso de los vehículos eléctricos e híbridos.

La diputada Ma. Carmen Vaca González y el diputado José Huerta Aboytes hicieron uso de la voz para hablar en contra del dictamen de la primera iniciativa; mientras que para a favor hizo uso de la voz la congresista Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La legisladora Ma. Carmen Vaca González hizo referencia a las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde señalan el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados.

Por su parte, el diputado José Huerta Aboytes expresó su rechazo al dictamen, pues señaló que la iniciativa busca proteger los derechos humanos de dichos pueblos. Mencionó que la propuesta legal es pertinente y positiva, por lo que debe ser procedente.

“A mi juicio, ese doble rasero va en contra de la lógica jurídica, del principio de legalidad y hasta del más mínimo sentido común. Si fuera válido el argumento de la previa y suficiente legislación federal, tampoco hubiera sido procedente la aprobación de la ley para la protección de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Guanajuato, pues ya existía una ley de orden federal”, dijo.

En su intervención, la legisladora Libia Dennise García Muñoz Ledo subrayó que la Comisión dictaminadora ha realizado un trabajo técnico y responsable, que había una coincidencia en la importancia de ir avanzando en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, lo cual era innegable pero que la propuesta pretendía incorporar el derecho a la consulta el que ya estaba garantizado desde 2018 y que bastaba leer el artículo primero de la Constitución Política tanto local como federal y que, en su caso, incluso tendría que haber sido consultada antes de su presentación.

Por su parte, la diputada Ma. Carmen Vaca González cuestionó el análisis que realizó la Comisión dictaminadora, pues refirió que se basaron en cuestiones personales y la falta de profesionalismo de la iniciante. Asimismo, reiteró los amparos presentados y que se han ganado para que los pueblos indígenas puedan ser consultados.

Asimismo, aprobó el informe de las transferencias y ajustes presupuestales del Congreso del Estado, correspondientes al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2020; así como el informe de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, correspondientes al periodo comprendido del 30 de junio al 25 de septiembre de 2020.

Finalmente, avaló la auditoría de desempeño practicada por la ASEG a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con enfoque de diseño, cumplimiento y resultados de los programas E044 Participación de la Sociedad en la Prevención del Delito y E016 Certeza Jurídica y Derechos de los Internos, por los ejercicios fiscales de los años 2017 y 2018.

La congresista Vanessa Sánchez Cordero habló en contra del dictamen y manifestó que a seguridad pública en la entidad no era un tema menor y que hoy tomaba una importancia mayor pues las cifras no favorecían a generar un clima de tranquilidad.

“Si bien es un hecho que dentro del proceso de fiscalización la auditoría practicada concluyó con un informe de resultados, y en donde como parte del proceso de esta clase de auditorías de desempeño, es atribución de la Auditoría Superior del Estado, emitir las recomendaciones de mejora en el desempeño; lo cierto es, que el informe emitido, ni eso contiene”, afirmó Sánchez Cordero.

Después de mencionar lo que consideró una serie de irregularidades, Sánchez Cordero subrayó que la seguridad de las familias debía debe ser un tema ocupara a todos y procuraran en conjunto, y que una preocupación específica era la responsabilidad de que las políticas públicas que se implementen y las acciones que se realicen, estén realmente apegadas a lo que la ley establece y libres de todo vicio para evitar confundir o engañar a la población.

“Entendemos que la seguridad en prioritaria, pero no estamos de acuerdo que se haga bajo la ya cansada falsa promesa que quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía, vengan y nos digan que están actuando de la mejor manera y apegada a la ley, cuando del mismo informe se señala que sus protocolos son viejos, inaplicables y obsoletos”, finalizó.

Por su parte, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 2019 se refirió a un punto de acuerdo presentado en la materia, derivado de la preocupación de millones de guanajuatenses de incremento exacerbado con la violencia en la entidad y ver si los programas implementados tienen los resultados esperados.

En ese sentido enlistó las incongruencias encontradas en el informe en donde únicamente tenían dos recomendaciones, dijo, si la ASEG no solicitó que los factores de riesgo estuvieran asociados a indicadores que permitan medir los resultados, no se sabrá si los programas sirven para prevenir delitos; se menciona que hay una falta de mecanismos para priorizar los factores de riesgo que se atenderán, es decir, no hay mecanismos para priorizar la selección de factores de riesgo por atender; que no se contaba con instrumentos que permitan rendir cuentas sobre el afianzamiento de la cultura de la prevención, ni de la participación ciudadana en materia de prevención de la violencia y delincuencia ya que solo se mide el número de personas informadas y porcentaje de eventos de prevención realizados, entre otros

Prieto Gallardo concluyó que por todo lo expuesto no había argumentos viables para votar a favor del dictamen.

En rectificación de hechos, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos manifestó que lo que se aprobaba era un informe sobre dos programas en particular y se centraban en el cumplimiento de metas y objetivos, porque era una auditoría de desempeño que evaluaba la mejora continua y que derivaba de una solicitud específica del Pleno. Además, mencionó las diversas acciones de mejora que se llevaron a cabo y precisó que la auditoría contribuyó a mejorar la calidad del gasto de los programas auditados cumpliéndose con los objetivos de la misma.

 

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