Plantean exhortar al Fiscal General del Estado para que cierre las carpetas de investigación abiertas en contra de manifestantes

Guanajuato, Gto.- La diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, a fin de exhortar al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, para que, en ejercicio de sus facultades de dirección y control, ordene el cierre de las carpetas de investigación abiertas a partir de los arrestos realizados en la manifestación del día 10 de Julio, en contra de las familiares de las víctimas quienes, por ejercer el derecho a la libre manifestación, fueron detenidas de manera arbitraria.

En la exposición de motivos, la legisladora recordó que el pasado 10 de julio durante la manifestación de los familiares de las personas desaparecidas, en donde exigían al Gobernador que se repusiera el proceso de selección del titular Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, porque afirmaban que Héctor Alonso Díaz Ezquerra no cumplía con el perfil para el cargo, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado reprimieron y arrestaron a algunos de los manifestantes.

“Desde esta tribuna le decimos al Gobernador que quienes exigen justicia no son los enemigos, que la protesta social es un derecho fundamental, condición de toda sociedad mínimamente democrática; como afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la protesta también se encuentra fuertemente asociado a las actividades de defensa de los derechos humanos, incluyendo demandas de reconocimiento, protección o ejercicio de un derecho”, acentuó.

Asimismo, subrayó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisa que las autoridades deben facilitar la celebración de reuniones, protestas sociales o manifestaciones públicas, garantizándose que puedan ser llevadas adelante, vistas y oídas por el público destinatario en el espacio elegido por los convocantes, para que llegue el mensaje que los organizadores y los participantes desean difundir.

“Por lo anterior, es incomprensible que se hayan detenido a Ma. Del Carmen Ramírez, Karla Verónica Martínez, Olimpia Montoya y Verónica Durán, por el simple hecho de ejercitar su derecho a la libre manifestación, y todavía peor resulta que actualmente exista una carpeta de investigación en su contra, sobre todo porque en la denuncia presentada no existe mayor acusación contra las ciudadanas que la de haberse manifestado en la vía pública”, dijo.

La congresista argumentó que no hay razón jurídica para mantener abierta la carpeta de investigación, ya que dicho procedimiento legal es utilizado como un instrumento de coacción y hostigamiento político hacia los colectivos y las personas que luchan por encontrar a las y los desaparecidos.

“Por lo anterior es que volvemos a exigir a las autoridades competentes que no utilicen políticamente a las instituciones, mucho menos para limitar el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas; en congruencia, solicitamos se cierren las carpetas de investigación levantadas en la manifestación del pasado 10 de Julio, contra las familiares de las víctimas de desaparición. Así mismo, exigimos que nunca más se utilice la fuerza para disolver o reprimir protestas, mucho menos cuando estas tienen como objetivo levantar la voz en contra de la ineficacia de las mismas instituciones”, finalizó.

Al hablar en contra de la obvia resolución, la diputada Cristina Márquez Alcalá comentó que el tema debe revisarse a fondo para promover el objetivo principal que es la impartición de la justicia pronta y expedita, por lo que pidió que se turnara a la Comisión correspondiente para su análisis y posterior dictamen.

En rectificación de hechos, la diputada María Magdalena Rosales Cruz reiteró la necesidad de que el asunto se resuelva de manera inmediata, pues las cuatro mujeres se encuentran en una situación de angustia al no saber si serán detenidas o no por la policía.

El trámite de obvia resolución no fue aprobado, por lo que la propuesta de punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.