Proponen auditar el programa estatal Impulso para la Inclusión Digital

Guanajuato, Gto.- El diputado Raúl Humberto Márquez Albo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentó una propuesta de punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato realice una auditoria específica al programa Impulso para la Inclusión Digital.

La auditoría deberá contemplar una revisión financiera sobre la planeación y ejecución del gasto, así como el diseño, operación, resultados e impacto del mismo, todo correspondiente a los ejercicios fiscales de 2018, 2019 y 2020. Lo anterior con la finalidad de identificar posibles actos de corrupción o falta de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la planeación y ejecución del gasto público.

En la exposición de motivos, el diputado Raúl Márquez Albo recordó que en noviembre de 2019 la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato, anunció el proceso de licitación nacional para la adquisición de equipo de cómputo a través del programa de EDUCAFIN Impulso para la Inclusión Digital.

“Dicha licitación quedó en el olvido, pues estaba en estatus de definición. Fue hasta el 15 de septiembre de 2020 que fue lanzada, con sólo 25 días de concurso, para el 9 de octubre del presente año, limitando el mercado de proveedores…¿Por qué tanta prisa y reducción de tiempo? Por un lado, esto pudiera estar atentando con la libre competencia”, dijo.

Asimismo, señaló que la licitación en mención contenía requisitos entre los que se encontraban 51 elementos técnicos, lo que dijo, establecía límites poco sensatos a la mayoría de productos que eran descartados por detalles mínimos.

“Las situaciones descritas anteriormente generan una duda razonable respecto a la transparencia y honestidad de la licitación, pues pareciera que estuvo diseñada y pensada con base en los bienes de una sola empresa que estaba ofertando, deteriorando la imparcialidad y mostrando favoritismo a un proveedor. La empresa seleccionada es intermediaría, que comercializa productos manufacturados en China, y no una empresa productora directa, se dejó fuera a otras posibles competidoras que sí son productoras poniendo barreras de entrada y haciendo muy cerrada la convocatoria”, acentuó.

El legislador indicó que la empresa ganadora del contrato, tal como lo señala su acta constitutiva es Ditecma S.A. de C.V., la cual ha sido proveedora de Gobierno del Estado en el sexenio pasado por más de 750 millones de pesos en la compra de tabletas electrónicas.

Comentó que dicha empresa tiene registrado dos domicilios fiscales; el primero Gardenias 101 interior 1 de Jardines de Jerez, primera sección; y el segundo en Bulevar Adolfo López Mateos 2822 interior 201 colonia Haciendas del Rosario, ambos en la ciudad de León; sin embargo expuso que en dichas direcciones no se ve ningún emblema de la empresa ni se ven en operaciones.

Además, refirió que ninguno de los dos domicilios cuenta con la capacidad de almacenamiento de los bienes que se adquirieron.

“Ditecma tendrá que realizar una primera entrega del 14 al 20 de enero de 2021, una segunda entrega del 26 de febrero al 19 de marzo de 2021. En esta licitación se van a adquirir 72 mil 803 computadoras portátiles básicas, 26 mil 347 intermedias y 850 equipos gama alta, los cuales serán entregados entre alumnos de primer semestre de bachilleratos, universidades y docentes. En total se realizó la compra de cien mil computadoras por un monto de 902 millones de pesos”, dijo.

Finalmente, cuestionó el origen de los recursos para la adquisición de las computadoras portátiles, pues el titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración ha comentado que dichos recursos provienen de remanentes propios de Gobierno del Estado de los ejercicios de 2018 y 2019, que son de libre disposición.

“En el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que se tienen que valorar los libros contables de esta dependencia para los periodos en cuestión, con la finalidad corroborar que no hubo irregularidades en una licitación tan apresurada”, agregó.

La propuesta legal fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.